Movimiento por la defensa de los derechos del pueblo – MODEP
II comisión política nacional – febrero 4 y 5 de 2011 congreso de los pueblos
PRESENTACION
Este documento presentado por el MODEP es un aporte a la discusión y proyección de las tareas de organización y movilización de los sectores populares agrupados en el Congreso de los Pueblos, como proceso en construcción permanente y dinámico. El centro del documento es el análisis de las principales características del actual régimen, en el contexto internacional y nacional de lucha de clases, así como los ejes de la lucha popular en el presente periodo.
¿CUAL ES EL CONTEXTO INTERNACIONAL EN EL QUE SE DESARROLLA LA LUCHA DE CLASES EN COLOMBIA EN LA ACTUALIDAD?
La situación nacional en la que se desenvuelve la lucha de clases está enmarcada por un conjunto de tendencias internacionales que generan retos, oportunidades y desafíos, tanto a las clases dominantes como a los sectores populares. Los aspectos más relevantes son:
- Se mantiene y profundiza la crisis económica mundial
El sistema imperialista capitalista enfrenta desde 2008 una nueva crisis económica, duradera y cada vez más profunda, que ha pasado de la crisis inmobiliaria norteamericana, a la crisis de endeudamiento y quiebras de varios países europeos y avanza a otras regiones del planeta. Se trata de una crisis generada por la anarquía de la producción y la gigantesca superproducción de capitales, principalmente financieros y especulativos, producto de la explotación creciente de millones de trabajadores por todo el mundo.
En medio de la crisis se agudizan las contradicciones del sistema imperialista: la pugna entre potencias (Estados Unidos, Europa con Alemania a la cabeza y China, como los principales, pero además Rusia, Japón e Inglaterra); las pugnas entre megamonopolios y de estos con los Estados; la lucha entre amplias masas populares y los Estados y los megamonopolios, y la pugna entre los pueblos de las naciones oprimidas y sus Estados. Estas contradicciones se exacerban debido a las estrategias para hacer frente a las secuelas de la crisis, sacar provecho de las debilidades de los adversarios y buscar nuevos aliados.
El imperialismo norteamericano como superpotencia se enfrenta a viejas y nuevas potencias imperialistas como China, que ya se convirtió en la segunda economía mundial, y también a Alemania como el país más fuerte de la Comunidad Económica Europea; Rusia y Japón, siguen con sus planes económicos y militares en su intento de no ceder mucho terreno.
Encontramos además los llamados países o economías emergentes, entre las que se destacan India y Brasil, que han ganado importancia económica y política en sus respectivas regiones, pero que no obstante, aún no logran romper los lazos de la dominación extranjera. Su desarrollo es producto de una inmensa inversión de capital imperialista y unas políticas que le han permitido un importante nivel de acumulación a las clases dominantes nativas. Incluso las clases dominantes de otras naciones oprimidas apuestan a ganar en este río revuelto por la crisis. El régimen de Santos quiere cosechar las oportunidades abiertas para un grupo de neocolonias denominado CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica).
La lucha por el control de mercados y zonas ricas en recursos estratégicos, vuelve a poner en la arena mundial la tendencia a la guerra, al tiempo que las burguesías de los diferentes países, aspiran a sacar el mejor provecho, cambiando lealtades, buscando alianzas nuevas e implementando políticas para que los costos de la crisis sean pagados por los pueblos del mundo (desempleo, precarización laboral, reducción del gasto público, fascismo y racismo).
- Importantes luchas de los pueblos en diferentes partes del mundo
La crisis económica mundial ha desatado una creciente oleada de inconformismo contra los gobiernos que han dado todo el juego a los monopolios, a los que se encuentran totalmente subordinados, y que se enriquecen a la sombra de regímenes corruptos; contra los monopolios imperialistas y contra todas las políticas que buscan descargar sobre los hombros de los pueblos los efectos de la crisis. Es de resaltar las luchas del movimiento obrero en Asía, Europa y Estados Unidos, que ponen a la orden del día la necesidad de la lucha a escala internacional contra los monopolios; de las amplias masas populares en el norte de África por la implantación de regímenes democráticos o al menos gobiernos de transición que otorguen mayor libertad política y abanderen reformas económicas y sociales que mejoren las condiciones de vida de esos pueblos; y de los pueblos en América Latina que siguen persistiendo en la búsqueda de caminos para una transformación social a su favor y fuera del control del imperialismo norteamericano. No obstante siendo importante esta tendencia, es fundamental la articulación de estas luchas a partir de instancias de coordinación y cooperación para fijar tareas concretas que potencien las organizaciones y partidos antiimperialistas.
¿CUÁL ES EL CARÁCTER DEL REGIMEN POLITICO DE JUAN MANUEL SANTOS?
El gobierno de JM Santos tiene la terea de continuar con el plan estratégico trazado por las clases dominantes para llevar a Colombia por el camino del desarrollo capitalista, profundizando las políticas antipopulares y entregando más la soberanía a las potencias y a los monopolios imperialistas. Sin embargo, tiene diferencias con el fascismo uribista, no es gratuito el esfuerzo de Santos por distanciarse de AUV y plantear que el suyo será un gobierno de Tercera Vía.
En términos de la composición de clases, el régimen de Santos expresa los intereses de los grandes dueños del capital financiero y comercial, pero todas las clases dominantes se sienten beneficiadas con las políticas de Santos. Si bien los grandes financieros, industriales y terratenientes apoyaron y se beneficiaron durante los 8 años de uribismo, al finalizar el gobierno varios gremios y líderes granburgueses reclamaban un cambio o una pausa a los excesos uribistas con las finalidades de neutralizar el poder político de la burguesía emergente proveniente del narcoparamilitarismo, reinstitucionalizar la relación entre poderes públicos que había sido desestabilizada, y ampliar las relaciones internacionales para aprovechar los efectos de la crisis económica, atrayendo aún más inversión extranjera directa, ya que la tarea principal será mantener unas tasas estables de crecimiento económico por encima del 5%.
Esto se muestra en la composición política de la coalición denominada de "Unidad Nacional": Partido de la U, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido Liberal, y el PIN. En esta coalición la pugna principal se da entre sectores uribistas y sectores santistas: los primeros por mantener un régimen político de tipo fascista y una relación de beneficio mutuo con los narcoparamilitares; los otros, por mantener el rumbo estratégico pero con cambios en el régimen político, que no son sólo de estilo. Esta relación es de colusión y pugna, predominando hasta este momento la colusión, pero con posibilidades de pugna y su agudización.
El gobierno de Juan Manuel Santos, mantiene el modelo económico y la tendencia hacia la profundización del fascismo, lo que se expresa en el compromiso con las tres tareas de las clases dominantes: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social, pero cambia el eje del régimen político de la seguridad democrática a la prosperidad democrática. El fascismo de Santos hará más énfasis en la Seguridad Ciudadana y en la cooptación de la oposición, manteniendo los niveles de violencia institucional y paramilitar contra los sectores populares, como ocurre en varios sectores del campo y las ciudades. Un elemento importante del régimen santista será el desmonte de los elementos democráticos de la Constitución del 91, particularmente lo relacionado con la garantía de los derechos políticos, económicos y sociales por la vía institucional aceptada por todos los integrantes de la "Unidad Nacional" que rechazaban los métodos autoritarios de AUV.
Santos prefiere en el terreno económico, antes que un neoliberalismo puro, un enfoque de buscar la centralización del Estado con instituciones fuertes, dándole importancia a la economía de mercado, como él dice: "mercado hasta donde sea posible y Estado hasta donde sea necesario", con redistribución de los recursos para el avance económico. Santos considera que para lograr la prosperidad lo principal es trabajar con los empresarios industriales y agrarios y en un acuerdo centrado en los gremios; con instituciones gubernamentales que tengan el control centralizado de los elementos básicos de la política y los recursos para implementar su plan; y organizaciones sociales que harán parte de la inversión siempre y cuando se muestren productivas para el gran capital. El punto de partida es lo que se llama pomposamente "el buen gobierno", que tiene como fundamento la "recuperación de los valores" (honestidad, responsabilidad, humanitarismo etc.), orientados a lograr que se encuentren oportunidades por medio del fortalecimiento de políticas públicas que favorezcan al sector privado y buscando cambios de actitud ante el Estado, sus instituciones y el significado del crecimiento económico. Por ello para Santos, el problema está en la inversión y no en el gasto público. A eso se dirige la "sostenibilidad fiscal" impulsada por el gobierno, es decir, habrá inversión social en donde se logre mayor rentabilidad. Se pasa de un modelo que privilegia la focalización y la caridad a uno de distribución de recursos según las necesidades macroeconómicas y las oportunidades de ganancia para los que invierten. Entonces en régimen neoliberal, con corporativismo y fascismo centrado en la Unidad Nacional.
¿CUÁLES SON LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE SANTOS Y QUE SIGNIFICA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL?
El gobierno presentó al Congreso 357 iniciativas de reforma, 197 en el Senado y 141 en la Cámara y 19 proyectos de reforma constitucional, pero de todo el paquete, la reforma que orienta la propuesta del régimen es la "Sostenibilidad Fiscal", que enmarca toda la política económica del Estado y hace más difícil la garantía de derechos para las masas populares.
El centro del paquete legislativo del régimen es la Reforma a los artículos 334, 339, y 346 de la Constitución de 1991 que impone la "Sostenibilidad Fiscal", como "derecho que protege el resto de derechos y les da continuidad", y derivado de esto la "Regla Fiscal", que le da al Estado posibilidades de poner trabas constitucionales al gasto social para reducir el déficit fiscal. El Acto Legislativo 016 de 2010, que establece el "Derecho a la Sostenibilidad Fiscal", se refiere a la dirección general de la economía en manos del Estado, pues amarra el presupuesto, la inversión social, los planes de desarrollo nacional y territorial y el funcionamiento de todas las instituciones del estado a las condiciones de Estabilidad Fiscal.
El fondo del asunto es el desmonte de todos los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de 1991, pues su cumplimiento está subordinado al "derecho de derechos", o sea, la sostenibilidad fiscal determinada por los resultados de la macroeconomía: niveles de inversión extranjera, crecimiento del PIB, inflación, déficit fiscal, etc. El buen funcionamiento de este tipo de indicadores supuestamente garantizan el bienestar social y permiten la progresividad en el cumplimiento de los derechos por parte del Estado, a medida que mejoran los ingresos del Estado se van cumpliendo los compromisos sociales con el pueblo, mientras no haya recursos o los gastos afecten la sostenibilidad fiscal del Estado no hay otro remedio que esperar. Es la negación descarada y de frente de los derechos fundamentales a la vez que la entrega total de los mismos al sector privado, que si tiene los recursos para invertir en la prestación de esos servicios.
La "regla fiscal", Acto Legislativo 112 y la "sostenibilidad fiscal", son imposiciones del Banco Mundial para exigir que los Estados se endeuden hasta un tope, de tal manera que se garantice la "sostenibilidad de la deuda", resolviendo el déficit fiscal; lo central es la garantía al capital extranjero. Esta reforma golpea directamente el derecho a la salud, a las pensiones y comienza a desmontar los regímenes especiales y exceptuados. Este es en realidad el aspecto central de todas las reformas como ya anotamos.
Las otras reformas propuestas son:
Reforma Tributaria que busca recaudar 5 billones de pesos. Le da beneficios a los grandes industriales, pues desmonta la sobretasa del 20% para el consumo industrial de energía. A la vez esta reforma golpea a los sectores de exportadores pequeños y medianos que soportan sus actividades en la relación con empresas intermediarias extranjeras al eliminar las gabelas en el 30% por inversión en activos.
La reforma a las regalías, mediante Acto Legislativo 013, busca la centralización estatal de los recursos provenientes de la renta minero-energética, golpeando a las redes clientelistasy gamonales regionales. El Ministerio de Minas aspira recaudar 100 billones de pesos en los próximos 10 años. La reforma debilita los recursos públicos destinados para inversión social regional al crear tres Fondos (Ahorro y Estabilización Regional, Inversión Regional y de Ahorro Pensional Territorial), de ahora en adelante las regiones tendrán que someterse a muchos trámites controlados por el Estado central y por supuesto a los vaivenes de la macroeconomía. Esta reforma no toca lo fundamental, que es la relación económica entre los monopolios imperialistas y el Estado, pues igual los monopolios se siguen quedando con la inmensa mayoría de la ganancia y los recursos para inversión social igual no van a llegar a las poblaciones.
Con la Ley de "formalización empresarial y primer empleo" reduce el pago de parafiscales y otros derechos a las empresas que decidan formalizarse, con beneficios adicionales para quienes empleen a menores de 27 años y mujeres mayores de 40 años y que lleven más de un año sin empleo. Es posible que se generen algunos empleos, pero los favorecidos siguen siendo los empleadores y deja intactas todas las medidas de flexibilización laboral que han profundizado la precarización de las condiciones de trabajo y no resuelve las necesidades de crecimiento de las pequeñas empresas, que deben pagar altos costos en impuestos y trámites.
La reforma al Sistema General de Seguridad Social - SGSS que supuestamente busca mayor eficiencia y ampliar la atención primaria en todos los municipios, con la meta de llegar 2015 con cobertura universal, invirtiendo la relación entre los regímenes contributivo y subsidiado, tiene como objetivo concentrar en unas pocas EPS el negocio de salud, al igual que las otras no toca la médula del asunto que es la concentración monopólica del servicio y la negación de la salud como derecho. Como también está subordinada a la sostenibilidad fiscal, de ahora en adelante las enfermedades de alto costo o los tratamientos con especialistas difícilmente serán atendidas por las EPS porque el Estado no tendrá recursos para cubrirles estos gatos. Es decir, no le da salida a la crisis de seguridad social en Colombia.
La ley de restitución de tierras tiene como aspecto central la inversión de capitales en el campo. La entrega de tierras a algunas comunidades desplazadas va directamente vinculada a los megaproyectos agroindustriales e implica formas de organización amarradas al control estatal e incluso del capital privado. No afecta el sistema de propiedad de la tierra que es el problema sustancial y no va disminuir la concentración de la tierra, sino que posiblemente al formalizar muchos predios, estos terminen por medio de la compra-venta fortaleciendo a los grandes propietarios. Sin embargo, es una ley que genera grandes contradicciones con algunos terratenientes que ven afectados sus intereses. Su ejecución también está sujeta a la sostenibilidad fiscal.
La ley de víctimas, considera que solo se reparará a las víctimas a partir de 1991, quedando por fuera las masacres y las víctimas de la década de 1980, esta ley acepta que agentes del Estado también fueron victimarios, pero se diluye la responsabilidad del Estado que aplicó terror sistemático contra poblaciones y organizaciones sociales y políticas exterminadas como la UP y asociaciones campesinas y sindicatos. Para las víctimas será muy difícil acceder a la reparación integral, por cuanto deben acopiar innumerables cantidades de pruebas, muchas de ellas perdidas en los tiempos de huida y persecución. Los grandes ganaderos agrupados en FEDEGAN, quieren aprovechar la ley de tierras y de víctimas, argumentando que ellos han sido víctimas, expropiados y que deben ser reparados y defendidos por la sociedad.
¿EN QUE CONSISTE EL PLAN DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"?
El plan de desarrollo de la administración Santos se denomina "Prosperidad para todos". Parte de reconocer los avances del último gobierno en seguridad y confianza inversionista, se orienta a resolver dos problemas fundamentales, el crecimiento sostenido de la economía, buscando tasas por encima del 5% y superar el relativo aislamiento de la economía colombiana, en un contexto mundial caracterizado por las oportunidades apuntando a que Colombia llegue a ser un país de economía emergente.
Según el Consejo Nacional de Planeación (que reúne a gobernadores, representantes de los gremios y algunas organizaciones sociales), en el PND "…le apuestan al crecimiento dinámico y sostenible, con una economía más competitiva, productiva e innovadora y, por esta vía, a la construcción de un país con empresas pujantes que conquisten los mercados internacionales; con una infraestructura moderna que transforme las dificultades en mayor bienestar y progreso social". Para lograr esta propuesta la granburguesía le da al PND las siguientes características:
- Orientación filosófica - ideológica: Se trata de una propuesta enmarcada en una concepción neoliberal de tercera vía, pues busca ajustar las tareas del Estado a las condiciones de la crisis económica, "El Estado es quien despeja el camino –fija las reglas de juego y dirime los conflictos–, pero el sector privado es quien lo construye y lo recorre" y el pueblo "participa"; fundamenta la "Unidad Nacional" en un acuerdo donde participan todos aquellos que independiente de sus ideología le sirvan al plan; aplica sistemáticamente la cooptación de la oposición y la organización de los sectores populares en función de las oportunidades de inversión para el capital privado; y mantiene el fascismo expresado en estructuras autoritarias y el desmonte de elementos demoburgueses constitucionales, además de que si las condiciones se lo exigen no dudaría en retomar aspectos del régimen anterior que necesite.
- Centro del Crecimiento económico: El crecimiento económico será a través de las llamadas cinco locomotoras: vivienda, ampliar la cobertura favoreciendo al sector financiero; infraestructura, culminar el proyecto iniciado por Uribe de carreteras, puertos, aeropuertos, para promover las exportaciones e importaciones; minero-energético, es el principal motor de crecimiento, se espera generar fuentes energéticas para los negocios de la gran burguesía y superexplotación de los recursos a partir de megaproyectos; agro, articulando las tierras devueltas a los macroproyectos exportadores, no por medio de una reforma agraria, sino convirtiendo a los pequeños y medianos propietarios en mano de obra de la burguesía agraria y los terratenientes; e innovación, haciendo más competitiva la mano de obra e incrementando ciencia y tecnología en sectores claves de las locomotoras, por medio de un ajuste a la reforma universitaria que enfatiza las ingenierías y las tecnologías. Dada la situación de emergencia por el invierno está en debate el agregar una sexta locomotora llamada "gestión ambiental y de riesgo de desastre", compuesta por cuatro políticas: política nacional de cambio climático, sistema nacional de cambio climático, política nacional de adaptación al cambio climático y estrategia colombiana de desarrollo bajo carbono. El Plan tiene un valor de 485 billones de pesos, con 50 metas para lograr lo que requieren: crecimiento sostenible, igualdad de oportunidades, y consolidación de la paz, así como "cerrar brechas" en empleo, pobreza y conectividad, en dónde es importante continuar el enfoque de la Revolución Educativa para formar mano de obra calificada, flexible y competitiva, a partir de competencias laborales y convirtiendo los resultados de las evaluaciones en el motor de la calidad educativa.
- Cohesión social para desarrollar corporativismo: aunque el énfasis es la generación de empleo y la educación, con la concepción de participación ciudadana y responsabilidad social, implica neutralizar, mediante la cooptación a los sectores populares.
- Regiones y crecimiento capitalista: el PND propone una nueva regionalización del país (Convergencia Regional), para la inversión y la ganancia, centrando en que los escenarios de la acumulación capitalista está en las grandes ciudades y en territorios de macroproyectos, que serán articulados a partir de políticas de consolidación militar y corredores de inversión, lo que implicará reubicación de población (desplazamientos programados). El PND divide el país en seis zonas, según su desarrollo económico Central, el Sur del Macizo colombiano, la Costa Pacífica y Caribe, la Amazorinoquia y la Nororiental (Orinoquia alta y colindantes).
¿ENTONCES, EN DONDE CENTRAR LAS LUCHAS DEL PUEBLO?
Teniendo en cuenta las principales características del régimen de JM Santos y el modelo económico que enfatiza inversión extranjera, macroproyectos mineros, todo en función de mantener la sostenibilidad fiscal para garantizar los compromisos financieros con el imperialismo, implica para las organizaciones del pueblo, como tareas fundamentales para el presente periodo:
- Fortalecer sus organizaciones y defender su independencia frente a las pretensiones de cooptación, clarificando el carácter del régimen, fundamentando sus planteamientos y formando políticamente a sus liderazgos y bases.
- Mantener una política de unidad y articulación de las luchas entre los sectores populares y la izquierda, para potenciar la base social de un proyecto alternativo de país. Esto es organizar la fuerza desorganizada de la transformación social.
- Oponerse a la política de "Sostenibilidad Fiscal", pues siendo el soporte del modelo económico y político del régimen, implicará para el pueblo un mayor recorte de sus libertades y derechos, ya que de imponerse esta Ley, las clases dominantes aprovecharan para maximizar sus ganancias a costa del pueblo, en nombre del derecho a una macroeconomía que nos "enrumbe" a ser un país económicamente emergente. La prosperidad para todos, descansa sobre el lema de que si ganan los ricos, ganamos también los pobres.
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