Multiplicidad de luchas sociales y populares se han expresado en los
últimos días a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. No solo los y
las campesinas de la región del Catatumbo se ha convertido en un ejemplo de
resistencia y tesón, las comunidades indígenas del municipio de Ricaurte en
Nariño han soportado valerosamente el embate de la fuerza pública en contra de
sus justas reclamaciones. La lista de luchas y resistencias es interminable,
todas demuestran su valía y el empeño de todo un pueblo en la defensa de sus
derechos y la construcción de un país con democracia y socialista.
El torrente de movilizaciones que colman barriadas, calles y veredas no
solo interpelan la implementación de un modelo económico neoliberal y
antipopular implementado por las clases dominantes, evidencian la necesidad de
la organización y la movilización, la unidad y la lucha para defender y ampliar
los derechos del pueblo.
El gobierno santista y la unidad nacional se empeñan en hacer de
Colombia una plataforma de inversión imperialista, un paraíso para que la
inversión extranjera siga creciendo y los enormes capitales de los
megamonopolios y las potencias extranjeras se puedan reproducir sin
inconvenientes, so pena del deterioro de las condiciones de vida del pueblo
colombiano.
Las manifestaciones sociales y populares de los últimos meses dan cuenta
de un pueblo que le apuesta a la construcción de una nación soberana, que lucha
por la democracia popular y se empeña en un modelo de país diferente. El
gobierno y las clases dominantes hacen oídos sordos de estas reclamaciones,
insisten en la firma de tratados de libre comercio que han afectado la
producción agropecuaria y la industria, han pauperizado las condiciones
laborales y de trabajo, han puesto en bandeja de plata nuestros recursos
naturales y nuestra soberanía.
Mientras que el gobierno Santos habla de paz en la Habana, no le
ha temblado la mano para reprimir indiscriminadamente cualquier asomo de
descontento popular. Mientras insiste en que la protesta es válida, si y solo
si se desarrolla por los medios institucionales, se empeña en criminalizar y
estigmatizar las organizaciones y los individuos que se atreven a denunciar las
injusticias a las que se ven sometidas nuestras poblaciones y nuestros
territorios en el día a día.
Mientras que sostiene que solo escucha a aquellos que se manifiesten
pacíficamente, en una actitud irresponsable tilda a las poblaciones
movilizadas de vulnerar los derechos de los habitantes presentes en las
regiones en conflicto, los acusa de pertenecer o ser auspiciadores de la
guerrilla, convirtiendo así a las poblaciones en un blanco y un objetivo
militar.
El modelo económico santista anclado en la locomotora minera ha generado
una grave condición social y humanitaria en las áreas de explotación y las
áreas de exploración; es ejemplo de un modelo capitalista que expropia a las poblaciones
de los medios disponibles para la reproducción de la vida,
agota los recursos naturales hasta el punto de volver inhabitables las regiones
e irrecuperables las fuentes necesarias para impulsar un desarrollo
económico acorde a las necesidades y perspectivas de la población. De la
mano de la locomotora minera, se han agenciado multiplicidad de emprendimientos
ilegales que igualmente generan enormes problemáticas sociales y ambientales.
Todo lo anterior necesita no solo que se entrabe el modelo económico de
las clases dominantes, requiere que el pueblo colombiano luche por una
propuesta de apropiación de los recursos donde prevalezca la preservación de
los medios materiales de vida.
Por todo lo anterior como proyecto político apoyamos el paro de los
y las trabajadores y los pequeños y medianos productores del sector
minero, buscando avanzar en la construcción de un modelo de apropiación
popular, soberano y democrático de este tipo de recursos. Demandamos del
gobierno nacional una respuesta pronta y efectiva a las justas
reclamaciones de los múltiples sectores en conflicto. De la mima manera es e
obligatorio cumplimiento que el ejecutivo nacional ese cualquier señalamiento
que ponga en riesgo la vida de los manifestantes. Exigimos que los
militares y policías involucrados implicados en acciones de represión y
asesinatos en contra de la población movilizada, respondan por sus actos
y se clarifiquen las circunstancias y responsabilidades en estos hechos
repudiables.
Hacemos un llamado al conjunto del pueblo colombiano a que juntos nos
movilicemos, defendiendo y ampliando la lucha en la defensa de nuestros
derechos. Llamamos a apoyar la lucha del sector educativo, a rodear
la propuesta alternativa de educación superior construida por la MANE y todas aquellas
propuestas para construir una nación soberana. Lucha que se debe acompañar de
la unidad y la construcción de procesos organizativos que proyecten la
construcción de una Colombia diferente, una Colombia socialista.
Movimiento por la
Defensa de los derechos del pueblo – MODEP
Julio de 2013
modep@modep.orgs
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