Las organizaciones sociales y políticas abajo firmantes hacemos un llamado urgente a los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia, para que establezcan el diálogo tendiente a lograr un acuerdo binacional que garantice los derechos de la población de la frontera.
Las siguientes son las razones que inspiran este llamamiento:
Las guerras, la xenofobia y el despojo como arma de acumulación de territorios, en medio de una situación de crisis del sistema capitalista, se han incrementado en los últimos años; hoy en diferentes partes del mundo millones de habitantes son expulsados de los países que habitan; aterrorizados huyen buscando refugio y así escapar de situaciones que violan sus derechos. Lamentablemente la situación de los expulsados y perseguidos transnacionales es lo que menos interesa a los gobiernos, que orientados por "razones de Estado", muchas veces ajenas a sus pueblos, unas veces expulsan a la población y otras restringen el acceso a sus territorios. La condición de los refugiados transnacionales, en su mayoría indocumentados, hace evidente que la idea de la globalización capitalista, que prometió a los pueblos del mundo el fin de las fronteras y la libre movilidad internacional solamente es para el gran capital internacional, que tiene la libertad de moverse y abolir las fronteras para el libre mercado y el saqueo de los recursos, mientras a los pueblos se les criminaliza por pretender traspasar las fronteras. En ese marco internacional hay que situar el drama de los colombianos expulsados de Venezuela.
La presencia de los casi 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela (según cifras de Venezuela) o 1 millón (según cifras colombianas) es resultado de un histórico proceso de despojo, violencia y autoritarismo que llevó a esta parte del pueblo a buscar en la hermana república un refugio y un espacio de oportunidades que fue negado en su propio país. En ese sentido es responsabilidad de ambos Estados establecer medidas para poner fin a las condiciones que afectan la vida digna de los migrantes.
Condiciones históricas en la frontera binacional y en las sociedades de Colombia y Venezuela generaron la construcción de redes mafiosas que han carcomido a los dos Estados y a las dos sociedades; la existencia de este poder criminal atrincherado en ambos países amenaza la integración binacional en la perspectiva de construir repúblicas hermanas. Este aspecto es fundamental ya que no es el pueblo colombiano que habita el espacio binacional el responsable de la crisis y sobre quien está recayendo las responsabilidades y culpas.
El desmantelamiento de las redes mafiosas, narcotraficantes y paramilitares que operan en la frontera sólo es posible como resultado del trabajo conjunto y coordinado de los dos países y del respeto por los derechos y libertades de los pobladores colombianos y venezolanos en la región fronteriza. Es urgente poner fin al lenguaje chovinista y de odio nacional con que diferentes sectores de los dos países están instigando un mayor rompimiento y agravamiento de la crisis tras el cierre de la frontera. Por el contrario es necesario aceptar que es posible la convivencia entre Estados con proyectos de sociedad distintos y que son los pueblos soberanos los encargados de transformar los proyectos de nación; por eso rechazamos la descalificación sobre asuntos de política interna de cada país, así como la difusión de estereotipos que afectan la identidad cultural de los dos pueblos hermanos.
Se hace imprescindible un nuevo acuerdo binacional que restablezca los derechos de la población fronteriza, garantice su bienestar y reconstruya un tejido social y económico para el bienestar colectivo del territorio fronterizo.
Exigimos al presidente Nicolás Maduro detener la persecución indiscriminada contra la población colombiana y poner fin al lenguaje beligerante, lo que no implica renunciar a su función de jefe de Estado y garante de la soberanía de su país. La persecución al pueblo, no puede ser parte del ideario socialista y revolucionario. Exigimos al presidente Juan Manuel Santos, asumir que en la actual crisis fronteriza, el Estado Colombiano es históricamente copartícipe, al haber sido permisivo con la existencia de redes de mafia y paramilitarismo que controlan el contrabando, imponen su régimen de violencia e involucran a la población fronteriza de ambas naciones.
Es necesario detener la arremetida mediática que utiliza la crisis humanitaria para sacar provecho político y económico sin importar las consecuencias contra la población y las relaciones entre ambos países, así como difundir la idea de que todo proyecto de transformar la sociedad por fuera del capitalismo es equivocado e innecesario. Curiosamente en esta crisis algunos medios de comunicación y el Gobierno de los Estados Unidos no han sido los tajantes críticos que acostumbran a ser con el Gobierno Venezolano y se han ocupado de señalar las responsabilidades de Colombia en la crisis fronteriza; esto sucede porque a los capitalistas del mundo no les importan los derechos del pueblo, lo que realmente les importa son sus planes de dominación y en este caso su plan para integrar a Cuba y Venezuela, así como a Ecuador y Bolivia a la matriz de acumulación imperialista y avanzar en la recuperación del control de Latinoamérica.
Exigimos al gobierno colombiano establecer medidas duraderas y sostenibles para atender la situación de bienestar, seguridad, dignidad y democracia de la población colombiana que es expulsada o que huye atemorizada del vecino país.
Hacemos un llamado al conjunto del pueblo colombiano, a sus organizaciones populares, democráticas y revolucionarias, a las fuerzas vivas de la sociedad a solidarizarse con los refugiados y expulsados desde Venezuela que se encuentran en una difícil condición humanitaria. Toda esta población expulsada precisa de nuestro apoyo político y social, entendiendo que en tanto hacen parte del pueblo precisan de garantías sociales, económicas y de derechos para continuar sus vidas en territorio colombiano. De ninguna manera la solidaridad con el pueblo expulsado significa apoyar a Juan Manuel Santos; gobernante que, como ha sucedido históricamente, ha abandonado a la población menos favorecida de la frontera, favoreciendo su exclusión y sometiéndola a condiciones precarias.
Suscriben
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo –MODEP, Federación Universitaria Nacional FUN Comisiones, Comités de Obreros y Trabajadores Ignacio Torres Giraldo, Movimiento Nuevos Maestros por la Educación, Revista Viento del Sur, Asociación por la Defensa de los Derechos de los Hijos del Pueblo – ADDHIP Colombia, Asociación de la Mujer Democrática, Colectivo Tierra de Todos
Vamos por la Democracia, el Poder y el Socialismo.
http://modepdistrital.blogspot.com/
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