El gobierno de Álvaro Uribe Vélez decretó el estado de emergencia social un día antes de navidad, con el pasó por encima de la Constitución atentando directamente contra el la salud como derecho fundamental y lo que es peor, afectando directamente el derecho a la vida.
Con la emergencia social, expedida en el Decreto 4975, se desprenden una serie de regulaciones, supuestamente para conseguir dinero para la salud en Colombia y salvarla de su inminente ruina. Probablemente si se va a conseguir acumular una enorme cantidad de capital, pero éste no se invertirá en la salud del pueblo, sino servirá para llenar los bolsillos de los politiqueros, gamonales regionales y nacionales, corruptos y clientelistas que, como es costumbre en este país y principalmente en época electoral, usan todos estos recursos para garantizar sus curules y nombrar los mandatarios que van disponer del destino de la nación.
En efecto, ellos acumularan ya que el decreto pretende reducir el POS (Plan Obligatorio de Salud) a un plan mínimo de salud que excluye cada vez más los ya reducidos servicios, además de descargar en los usuarios el pago de servicios de salud no contemplados en el nuevo plan; para ello el gobierno nos propone echar mano de cualquier ahorro: de las cesantías, de la capacidad de endeudamiento, o de cualquier cosa antes de que el estado entre a solucionar el problema; así mismo, el Estado va a restringir el alcance de las tutelas en salud (mecanismo ganado en la constitución del 91 para la defensa de los derechos fundamentales).
Con esta emergencia social la Comisión Reguladora en Salud (CRES), a la que se le había encargado definir el nuevo POS, se ha visto limitada, ya que últimamente se han cambiado algunos de sus miembros, y se han puesto en reemplazo, personajes directamente nombrados por el gobierno, reduciendo con estos la participación de los usuarios, los sindicatos y las asociaciones de profesionales de la salud.
Por otro lado, aunque se está reconsiderando la parte de la disposición en donde se multaba con montos millonarios a los médicos que no cumplieran con lo indicado en el nuevo POS, para nadie es un secreto que los médicos y en general los profesionales de la salud, desde la misma ley 100, propuesta por Álvaro Uribe Vélez en 1993, son presionados para que limiten al máximo el gasto médico tanto en medicamentos, como en ayudas diagnosticas, consultas especializadas, días de hospitalización etc. Muchas veces los médicos son obligados a transgredir la ética profesional y el criterio científico, situación que no va a variar y seguramente empeorará con este nuevo decreto, para lo cual no sólo está la presión económica, sino la presión laboral principalmente en lo relacionado a la estabilidad laboral, toda esta situación coyuntural y las malas condiciones laborales de los trabajadores de la salud valdría la pena entrar analizarlas detenidamente.
El Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP, llama a sus integrantes y amigos, al pueblo colombiano, a los sindicatos y agremiaciones de la salud, a los estudiantes de salud, al Movimiento por la Defensa de la Salud y la Seguridad Social y todas las organizaciones que están poniendo un punto de vista en defensa del derecho a la salud, para que nos movilicemos en contra de esta nueva política del régimen que una vez más hace alarde de su carácter fascista, porque no es cierto que los recursos que lo que se ahorre va a ser destinado a los más pobres, esos dineros como ya se planteó y como es costumbre en nuestro país, serán destinados a la maquinaria electoral, a alimentar la politiquería, el clientelismo y la corrupción, sobre todo en esta época electoral.
Basta de seguir creyendo en este gobierno, basta de caer en engaños, todos a movilizarnos en contra de este decreto.
25 DE FEBRERO GRAN MOVILIZACIÓN CONTRA LA POLÍTICA REACCIONARIA ANTIDEMOCRÁTICA Y ANTISOCIAL DEL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ
MODEP
Febrero de 2010
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